Tal y como adelantaba el pasado lunes este mismo medio, el presidente del Consejo de Ministros peruano, Yehude Simon, ha presentado esta mañana una propuesta al Congreso para derogar los decretos legislativos 1090 y 1064. Muchos creen que esta decisión, tomada con anterioridad, podría haber evitado la masacre.
 En rueda de prensa, el Primer Ministro del Perú defendió la medida como "un esfuerzo que el Ejecutivo está haciendo por reconciliar al país" y consideró la propuesta como "un homenaje a los mártires de la Policía Nacional y a los nativos que perdieron la vida durante los sucesos de Bagua".
Previamente, según señala la agencia de noticias ANDINA, Simon se reunió con el presidente, Alan García, suponemos que para discutir las palabras que acompañaron la presentación pública de la derogatoria.
El debate en torno a los decretos, además de llevarse por delante medio centenar de vidas humanas, ha tenido esta semana a sus primeras víctimas políticas.
Siete congresistas del Partido Nacionalista han sido suspendidas por el Congreso al tratar de impedir la realización de uno de los plenos la semana pasada, cuando todavía la derogatoria estaba en el aire.
Entre ellos, tres son indígenas Quechua, María Sumire, Hilaria Supa y Juana Huancahuari, quienes pasaron la noche en el pleno en solidaridad por los nativos amazónicos. La suspensión fue votada por el partido del Gobierno (Apra), el fujimorismo y el partido conservador Unidad Nacional ante la negativa de las congresistas a ocupar sus escaños e impedir la realización normal del pleno.
Por supuesto, a las reacciones por los sucesos de Bagua se han sumado ahora las de una oposición a la que se le empieza a terminar la paciencia. Freddy Otárola, vocero nacionalista, acusó a esa alianza conservadora de "callar a la oposición con métodos que pensábamos que ya habían sido superados".
El portavoz se lamentó de lo que considera "una dictadura cívico militar" del Gobierno de Alan García.
Por otro lado, en las calles de las principales ciudades del país continúan las manifestaciones con cientos de personas pidiendo la dimisión de todo el gabinete de ministros tras los sucesos de Bagua.
Organizaciones sociales, sindicalistas, partidos de oposición, asociaciones de mujeres e incluso miembros de la Federación de la Policía Nacional creen que los trámites para la derogación de los decretos se emprenden "demasiado tarde", cuando la sangre ya ha cubierto el río.
Por si fuera poco, el Gobierno se enfrenta también a las iras de las ONG, que dicen estar viviendo "una campaña de desprestigio y demonización" en Perú, según una nota publicada hoy por Survival.
La organización de defensa de los indígenas denunció hoy que la Comisión del Congreso para Relaciones Internacionales está examinando una propuesta para restringir la financiación de las ONG peruanas por parte de las agencias extranjeras, como se viene haciendo desde hace varias décadas.
Survival destacó que Alan García "ha denunciado falsamente que las ONG internacionales han incitado a la violencia" y algunos congresistas citaron específicamente el nombre de Survival International como una de las instigadoras.
Stephen Corry, director de la organización, ha dicho que "es importante condenar sin reservas los asesinatos de oficiales de policía, pero consideró que la culpa de los trágicos eventos recae en primer lugar sobre las tácticas extremadamente violentas de las fuerzas del orden".
Survival aboga también por la derogación inmediata de los decretos legislativos, causantes de lo que ya han dado en llamar "El Tian'anmen del Perú", en referencia a las revueltas estudiantiles ocurridas en Pekín hace ahora veinte años.
Subir Número de impresiones: 718 Actualizado Viernes, 19 de Junio de 2009 09:55
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